La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario es la normativa española aprobada para reducir las pérdidas de alimentos, promoviendo la donación, la prevención y el consumo responsable e implicando tanto a todos los agentes de la cadena alimentaria como a la propia administración.
La norma está enfocada hacia la concienciación y la prevención de las pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo final en hogares o establecimientos de hostelería.
La ley define una jerarquía de prioridades para la gestión de excedentes para evitar el despilfarro teniendo como prioridad el consumo humano.
Entre las actuaciones definidas a llevar a cabo se incluye la obligatoriedad para todos los agentes de la cadena de suministro de disponer de un “Plan de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario”. El objetivo es que las empresas hagan un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identifiquen dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijen medidas para minimizarlos y se destinen a otros usos antes de acabar en la basura.
La mayoría de los protocolos de seguridad alimentaria también están incorporando este requisito en sus nuevas versiones.
Esta norma incluye un régimen sancionador para quienes incumplan sus obligaciones, con multas que pueden alcanzar los 500.000 €.